Por qué lucha la UIEPA
17 de julio de 2015
Desde hace un año los estudiantes de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla campus Ahuacatlán (UIEPA), afiliados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) empezaron una lucha por mejorar las condiciones materiales de su institución, demandando, entre otras cosas, que se implementara el servicio de transporte escolar, equipamiento de laboratorios y talleres, comedor estudiantil, construcción de aulas, internet para el uso de toda la comunidad universitaria, una casa del estudiante, atender cuestiones académicas y administrativas como la contratación de más maestros, viajes de estudio y elecciones de autoridades administrativas de manera democrática, y lo más importante; la destitución del ahora exrector Jorge González Trujeque. En sustitución de González Trujeque, fue nombrado José Fabián Sandoval Carranza como el nuevo rector. Durante la administración de Sandoval Carranza, se logró avanzar con la apertura de los laboratorios aunque con insuficiencias significativas de instrumentos y materiales; el internet fue puesto, de manera parcial, a disposición de la comunidad universitaria; se habilitó el transporte, aunque sólo con dos viajes diarios, los cuales son insuficientes. Durante el periodo de José Fabián se hicieron esfuerzos conjuntos de la FNERRR, la comunidad estudiantil y el rector para solucionar las demandas pendientes, logrando resolver lo arriba mencionado. Pero la Secretaria de Educación del Estado decidió sustituir a Sandoval Carranza por Enrique Sosa Toxqui.
Con la llegada de Sosa Toxqui a la rectoría se detienen los avances de las obras, ignorando así, los acuerdos ya establecidos. Y por si no bastara esa actitud para hacer que los estudiantes desistieran de su lucha, inició una campaña de amenazas de expulsión, incluso con el uso de la violencia, y de desprestigio en contra de estudiantes y maestros que son parte de la federación y contra los que simpatizan con el proyecto de mejor universidad. Con todo este antecedente, los fenerianos del estado de Puebla acudieron puntualmente a la Secretaría de Educación Superior, donde fueron atendidos en varias ocasiones por María del Carmen Salvatori Bronca, para denunciar estos actos de linchamiento, la respuesta sigue siendo: oídos sordos a la solución del problema. Y aunque el día de hoy (14 de junio) marcharon los fenerianos poblanos, las autoridades únicamente se comprometieron a hacer una auditoría el día jueves para “verificar que es cierto que las obras están detenidas, y de ser así, se actuará en consecuencia”. Pero del rector, nada se dijo.
Hasta aquí la narración de los hechos.
Un problema de esta naturaleza en cualquier universidad de la República Mexicana no debe pasar por insignificante. Las instituciones de nivel superior en nuestro país, como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo tercero, deben de ejercer la educación bajo los siguientes principios:
“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; … c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.
Puede que haya lectores que piensen que los criterios anteriores sólo se apliquen para las escuelas y universidades que están sujetas al Estado, arguyendo que hay universidades que son “autónomas”, y que por lo tanto, no están obligadas a respetar los criterios estipulados. Afortunadamente, en la fracción VII del mismo artículo, se lee:
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía… realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo…” se entiende entonces que todas las instituciones que son públicas deben respetar lo estipulado por la constitución.
Ante esto, caben las siguientes preguntas: ¿La actitud se Sosa Toxqui contribuye al progreso científico, a la lucha contra la ignorancia, contra el fanatismo y los prejuicios? ¿Ejerce democráticamente su cargo (aunque sabemos que fue impuesto)? ¿Mejora la convivencia humana, respeta la dignidad, evitan la discriminación por raza, sexo o grupo? ¿Mejora la calidad de la educación de los educandos? No, a todo.
En la UIEPA ocurre completamente lo contrario a lo que se espera debe ser la educación en una universidad. Se niega la posibilidad de que los estudiantes desarrollen de una forma integral su carrera académica cuando no hay internet, laboratorios, aulas, ect. Se les impide, aunque este sea un problema más generalizado en las universidades del país, la elección democrática de los elementos que tengan puestos de mando. La actitud represiva de Sosa Toxqui violenta la convivencia humana, discrimina a un grupo de estudiantes y profesores que están apoyando un proyecto que busca crear una universidad de excelencia. Con todo esto, no mejora la calidad de la educación de los estudiantes de la UIEPA. Se violenta impunemente los principios fundamentales del artículo tercero, y se niega el derecho de los estudiantes a la organización cuando reclaman respetar la ley, amenazándolos, incluso, con usar la violencia. Enrique Sosa Toxqui, es un personaje que representa el atraso, la violencia y la intolerancia. La FNERRR es progreso y educación de calidad. La solución al conflicto está en manos del Gobierno del Estado de Puebla, la destitución del rector.